Una denuncia por la violación a los derechos humanos laborales por parte de colegios católicos del país, interpuso la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá, ante Su Santidad El Papa Francisco.
En el documento, la CTRP informa que su afiliada, la Unión Panameña de Trabajadores de Centros Educativos Particulares (UPATRACEP), es una organización sindical que lleva más de diez años luchando a favor de los trabajadores de la educación particular, lo que le ha significado persecución e incansables contiendas libradas con diferentes gobiernos, sin embargo, se han acentuado en la actual administración del Presidente Varela.
La CTRP concentra su denuncia en varios colegios particulares, específicamente en el colegio San Francisco de Asís y el colegio Nuestra Señora de los Angeles, ubicados en la ciudad de David, Chiriquí, donde consistentemente violan los derechos de las/os trabajadoras que laboran ya sea como docentes, administrativos o en servicios de aseo y mantenimiento.
En el año 2014, a raíz de los despidos acontecidos en el colegio San Francisco de Asís, los trabajadores buscaron apoyo sindical. Al observar la situación de salarios indignos, maltrato, persecución y despidos, se procedió a presentar un pliego para negociar una convención colectiva de trabajo, no obstante, lejos de aceptar este medio de conciliación, el colegio interpuso recursos de amparo para dilatar y evadir el cumplimiento de los derechos laborales.
Tanto el Tribunal Superior como la Corte Suprema de Justicia, denegaron tales recursos, por lo que le correspondía a las autoridades de trabajo convocar a las partes para conciliar. Desafortunadamente no se dio la convocatoria, debido a que la administración del colegio creó un sindicato controlado por la empresa.
En la denuncia presentada ante Su Santidad, se mencionan persistentes violaciones a los derechos humanos de los trabajadores, en su mayoría mujeres, maltratos e intimidaciones, bajos salarios y evasión de prestaciones laborales.
En el caso particular del Colegio Nuestra Señora de los Angeles, de propiedad de la Asociación u Orden de Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, luego de acciones de despidos, persecuciones y evasión de derechos laborales y que han sido reconocidos por diversos tribunales de justicia, obligándoles a cumplir con la ley, éstos se han negado a acatar el mandato jurídico, valiéndose de medidas dilatorias y contrarias a la doctrina social de la Iglesia, los derechos humanos y la buena fe.