Panamá vuelve a la lista de los países que vulneran los derechos laborales y señalados por graves incumplimientos con los trabajadores y trabajadoras, establecidos en los convenios suscritos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La primera vez fue en el 2011, tras la represión policial ordenada por el Gobierno de Ricardo Martinelli, que provocó la muerte de dos dirigentes sindicales en Changuinola y dejó a 60 trabajadores ciegos.
Cabe destacar que esta lista se publica sin la intervención de ningún gobierno, sino que son producto del acuerdo entre el representante de los trabajadores, designado por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y el de los empresarios, nombrado por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT.
En junio próximo durante la 113° Conferencia Internacional del Trabajo, a celebrarse en Ginebra, el caso de Panamá podría estar en la agenda del debate, situación en la cual el gobierno panameño tendría que cumplir con los compromisos adquiridos conforme a lo establecido en los convenios de la OIT.
La inclusión de Panamá en la lista, fue anunciada por dirigentes de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Convergencia Sindical (CS), de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), organizaciones panameñas afiliadas a la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) y a la Confederación Sindical Internacional (CSI), organizaciones con una fuerte representación ante la OIT.
Los dirigentes explicaron que “la fijación de Panamá en la lista, es resultado de la campaña internacional por la libertad sindical en Panamá, impulsada por la CSA, organización con más de 55 Millones de personas sindicalizadas en el continente americano”.
Precisamente Rafael Freire, Secretario General de la CSA, participó en los actos del primero de mayo en la Ciudad de Panamá, por la preocupación con que las organizaciones a nivel mundial observan las amenazas gubernamentales hacia el movimiento sindical en Panamá, desde los primeros días de la administración del presidente José Mulino.
En marzo pasado, también se hicieron públicas las recomendaciones de la OIT al gobierno de Panamá, entre las cuales se solicitó devolver al SUNTRACS el control sobre sus cuentas bancarias.
Entre las denuncias presentadas por los sindicatos panameños ante la OIT, están la violación de las normas laborales, la paralización de los trámites de pliegos de peticiones y negociación colectiva, los intentos de expropiar las cuotas sindicales, el cierre de cuentas bancarias del SUNTRACS y personales de sus dirigentes, la vulneración del derecho de huelga, la suspensión ilegal de los recursos para la educación sindical, la campaña institucional con mensajes estigmatizantes y discriminatorios por parte del presidente y de la Ministra de Trabajo, así como la judicialización de dirigentes sindicales durante las protestas.
Por último, los voceros de las organizaciones señalaron que también presentaron querellas y denuncias penales ante la Procuraduría de la Nación, los delitos de extralimitación de funciones y falta de cumplimiento de los deberes de funcionario público, contra la Ministra de Trabajo Jaqueline Muñoz.
