La Secretaria General del Sindicato Nacional de Artesanos de Panamá (SINAP), Julissa Carrillo considera, luego de examinar la ley 256 sobre medidas tributarias que obligaría al uso de la factura electrónica a quienes confeccionamos artesanía es una franca violación al segundo párrafo del artículo 40 de la Constitución Política de la República, al numeral 2 del artículo 2 de la ley 25 del 26 de agosto de 1994 que reglamenta el ejercicio del comercio y la ley 11 de 2011 de artesanías por lo que rechazamos completamente dicha ley.
Mediante un comunicado, el Sindicato de Artesanos considera que quienes redactaron y aprobaron la mencionada ley, desconocen tanto la importancia del oficio de artesano en la construcción de la identidad nacional como la realidad económica de quienes la ejercen. El oficio de artesano tiene características diversas en el suministro y adquisición de la materia prima, en el nivel de ingresos por temporadas, en el ciclo de la comercialización y elaboración de los productos que confecciona, en la mayoría de las ocasiones se está en lugares con escasa o nula conexión a internet y hasta electricidad.
El SINAP, con motivo de esta ley, ha analizado todos los escenarios del oficio de artesano y sus características, las condiciones variables de cada uno, de las áreas urbanas, rurales y de las zonas apartadas e inaccesibles de nuestro país y realmente resulta casi imposible la fiscalización de estas actividades que le sería más costoso
al estado por ser una actividad de subsistencia y de bajo impacto personal, situación que se ha venido agravando por la pandemia.
Por otra parte, el SINAP agradece la buena voluntad que demostró la Dirección General de Ingresos (DGI) al escuchar nuestros argumentos legales y económicos, pero es preocupante que las instituciones estatales responsables de promover y salvaguardar el oficio de artesanos que muestran la despreocupación sobre la realidad que vive el sector y que lejos de incentivarlo, están promoviendo la deserción a mediano y a largo plazo por el rechazo a sus políticas, lo que constituye la pérdida gradual de parte de nuestra cultura y tradiciones.
Finalmente, aplaudimos la gestión que viene realizando la FEDAP y el CNA para enfrentar esta ley inconsulta que, de aplicarse, provocaría resultados nefastos a la economía de Panamá.
